¿Ni un paso atrás o un primer paso?

Mayo/2021

Ignacio Belisario

Por Ignacio Belisario Rodríguez

Abogado de la Universidad Católica Andrés Bello, con una especialización en Análisis Político de la misma universidad y una Maestría en Análisis Político y Electoral de la Universidad Carlos III de Madrid. Consultor Político para clientes de distintos países y especialista en análisis de datos.

 

La designación de nuevos rectores del CNE, por parte de la Asamblea Nacional “elegida” en los comicios electorales -írritos e ilegítimos, pero reales- del 6 de diciembre de 2020, obedece a un proceso multifactorial, en el que distintos actores han jugado con las cartas de las cuales disponen. En primer lugar, es importante mencionar que esta designación es una concesión “voluntaria” del chavismo, pero la misma pareciera ser consecuencia de un contexto político que le ha forzado a aceptar que el “estado actual” de la política nacional e internacional, es insostenible a largo plazo.

 

Dicha realidad parece haber impulsado a algunos actores del régimen autoritario a trazar una estrategia de apaciguamiento y distensión del conflicto político con algunos sectores de oposición que también consideran necesario lograr un entendimiento. Sin embargo, intuimos que el chavismo juega a “dos bandas” con esta ruta estratégica, pues otro de sus objetivos es profundizar las divisiones entre tales sectores de oposición y aquellos que continúan aglutinados tras la figura del “Gobierno Legítimo” y la recién creada Plataforma Unitaria Venezolana.

Ahora bien, cabe preguntarse ¿la designación es un primer paso? Considero que sí, un primer paso insuficiente y en un camino incierto, pero en la dirección correcta.

En la consecución de dicho objetivo el régimen autoritario avanza a pasos agigantados, pues la Plataforma Unitaria Venezolana no tardó en emitir un comunicado para expresar su “rechazo a la designación unilateral de los rectores del CNE”, lo cual antagoniza directamente con la posición expresada por el excandidato presidencial, Henrique Capriles, y otros voceros que reconocieron la medida como “un primer paso” para lograr la “reconstrucción” democrática de Venezuela.

 

Ahora bien, cabe preguntarse ¿la designación es un primer paso? Considero que sí, un primer paso insuficiente y en un camino incierto, pero en la dirección correcta. El chavismo ha hecho una concesión no menor, pues la designación de Roberto Picón - técnico electoral de reconocida trayectoria y ex-preso político- y Enrique Márquez -1er vicepresidente de la Asamblea Nacional durante el 2016- (además de 3 rectores suplentes) supone un avance para eventualmente lograr un CNE más equilibrado, el cual no contaba con dos rectores principales no alineados con el oficialismo desde el 2006.

 

La inclusión de Roberto Picón en la Junta Nacional Electoral, instancia de mayor trascendencia en cuanto a la organización y ejecución de procesos electorales se refiere, es otra decisión trascendental para afirmar que se produjo una concesión del régimen autoritario que, aunque insuficiente por los momentos, representa un avance.

 

El hecho de que esto haya sucedido en un momento en el cual la permanencia en el poder del régimen no está amenazada -por parte de ninguno de los sectores opositores- es curioso. ¿Por qué teniendo todo a favor para continuar pulverizando a sus rivales ha decidido hacer una parada? Soy escéptico respecto a la vocación reformista de figuras como Jorge Rodríguez, pero mi escepticismo no desvirtúa la realidad: fue uno de los actores del chavismo que lideró el proceso de una pequeña reforma -pero reforma, en fin- respecto a la restitución de garantías electorales.

 

Todo esto no nos puede hacer olvidar que el resultado del proceso también se debe a la insistencia de múltiples organizaciones de la sociedad civil coordinadas en el Foro Cívico de Venezuela, quienes de forma abnegada y persistente trabajaron arduamente para ocupar el espacio que nos corresponde como ciudadanos. Fueron cruciales para garantizar que si perdíamos en ese tablero de juego  -el de la designación de los rectores del CNE-, no fuera por “forfeit”.

Esta reforma -pequeña e insuficiente- tampoco puede hacer que obviemos que el chavismo no es democrático y que en el pasado ha “simulado” hacer concesiones -dentro de múltiples procesos de negociación- para luego romper los acuerdos, dar marcha atrás y profundizar sus prácticas autoritarias. Sin embargo, forzada la concesión, pregunto: ¿tiene más sentido presionar al rival para intentar forzarlo a dar pasos adicionales o mantenerse inerte y no dar ni un paso atrás?

 

La inercia propiciada por la ruta estratégica del “Gobierno Legítimo” ha derivado en la desafección política de la mayoría de los ciudadanos que anhelan un cambio y, por consiguiente, en el robustecimiento de la estabilidad del régimen de Nicolás Maduro. Considero que continuar por ese sendero parece útil sólo para mantener un status quo incapaz de avanzar en la restitución del voto como herramienta para el cambio democrático.

 

El nuevo Gobierno de EE. UU. también juega un papel fundamental porque la insistencia del régimen de Maduro de alcanzar un entendimiento con la administración del Presidente Biden -incluso liberando presos políticos emblemáticos para lograrlo- y la disposición de éste de utilizar las sanciones de forma más efectiva, podrían reforzar los incentivos del terreno de negociación para lograr un acuerdo “aceptable” para los actores en juego.

 

Finalmente, este espacio debe servir para más que dar mi opinión o analizar estos temas de forma reflexiva o contemplativa. En tal sentido, me atrevo a sugerir que el Foro Cívico de Venezuela y los sectores políticos que han presionado para lograr la materialización de esta concesión, insistan en presionar al régimen a dar pasos adicionales sobre este camino incierto. Falta mucho para lograr condiciones electorales al menos “semi-competitivas”, pero el avance constante y dinámico es más efectivo que la inercia generada por no dar pasos hacia atrás, aun cuando todo indica que transitas una calle ciega.

 

Es preciso que se constituyan espacios de organización y articulación en los cuales las organizaciones sociales y políticas acuerden cuáles son las garantías electorales “mínimas” que deben ser restituidas para concentrar la presión sobre el régimen en objetivos realistas y alcanzables. De igual manera, es necesario lograr que tales espacios sean efectivos para que los sectores opositores con posiciones antagónicas pacten un cese al “fuego amigo” y convengan una estrategia compartida, capaz de colaborar en centralizar la presión para forzar al régimen a continuar restituyendo garantías electorales.

 

Lo alcanzado no es suficiente, pero fue posible gracias a la negativa de renunciar al juego planteado por el régimen. Puede que, si buscamos más resultados positivos -aunque sean parciales- la mejor alternativa sea intentar dar un segundo paso.

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